Buques de proa blanca


2 Septiembre  2019

David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Buques de proa blanca 

El Gobierno de la República a través de sus operativos de seguridad nacional, en menos de un mes evitó ganancias de hasta 51 millones 750 mil pesos por el decomiso de 345 kilogramos de cocaína, a los grupos violentos que operan en el país, droga que pretendían introducir desde Colombia a través del Puerto Industrial de Altamira (API), ubicado en las costas de Golfo de México.

La Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR),  este fin de semana confirmó el aseguramiento de 120 kilogramos de “presunta droga” en la terminal portuaria ubicada en la costa sureña de Tamaulipas, a unos 500 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, por lo que en el mercado de las drogas, el tóxico decomisado pudiera tener un valor superior a los 150 mil pesos por kilogramo. El 27 de julio la SEMAR, habría informado el aseguramiento de ocho costales con 227 paquetes con un peso aproximado de 225 kilogramos de presunta cocaína, siendo este su primer gran golpe al negocio de los estupefacientes de las últimas cuatro semanas.

La SEMAR en sus funciones de Guardia Costera, el 26 del mes de agosto, ingresó al buque “UBC BOSTON HARMONY”, de bandera panameña, procedente de Barranquilla, Colombia; los infantes de Marina se metieron hasta la bodega principal y en uno de los contenedores encontraron cinco bultos que en su interior contenían 120 paquetes con forma de ladrillo, estaban camuflados entre el producto mineral que transportaba el navío, por lo que literalmente tuvieron que rascarle minuciosamente durante varios días, hasta que definitivamente el pesaje del producto alcanzó la cifra de los 120 kilogramos.

Curiosamente un mes antes, la Marina Armada de México, encontró en el buque “UBC SAVANNAH”, de bandera de Chipre, procedente también de Barranquilla, Colombia; 225 kilogramos y en ambos casos las embarcaciones llegaron al tramo del Puerto de Altamira administrado por la importantísima empresa binacional “Cooper/T. Smith de México”, que tiene la concesión de la operatividad hasta el 2035, y que se enfilaba a introducirse en el negocio de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, sin embargo, la construcción de su terminal de almacenamiento quedó suspendida debido a las políticas económicas del Gobierno de la República que no termina de convencer y dar seguridad al inversionista extranjero.

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